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Vía Bogotá-Villavicencio: Rompiendo esquemas en el país

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La vía Bogotá-Villavicencio está cambiando la forma de operar una vía en Colombia. Una combinación de alta tecnología y buenas prácticas están marcando el camino para futuras concesiones.

No solo se trata de imponentes y estilizados viaductos, túneles impecables o un asfalto que incorpore aditivos que alarguen la vida útil de la vía. En la concesión Bogotá-Villavicencio vienen implementando una serie de cambios en la manera como se construyen y operan las vías en el país. “Esta carretera la vemos como un ser vivo que está en permanente cambio y crecimiento. Es por ello que se hace necesario combinar seguridad y tecnología para hacer más eficiente la operación”, explicó a este medio Enrique Segura Echániz, subgerente de operación de túneles e integración vial del concesionario Coviandes, firma responsable de la vía.

Por años, las concesiones viales del país se han visto como la oportunidad perfecta para ampliar el número de carriles y recaudar los peajes de las vías. Sin embargo, Coviandes quiere ir un paso adelante. Aun cuando el contrato suscrito entre el Gobierno y el concesionario no lo preveía, este concesionario contrató a una firma internacional, encargada de realizar un seguimiento minucioso a los indicadores de la vía y que realiza recomendaciones sobre buenas prácticas para mejorar la seguridad y tecnología, especialmente en túneles. Se trata de un modelo ‘importado’ de Europa, en donde se le da una importancia grande a la fase de operación y servicio.

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¿Qué ventajas trae este modelo? Lo primero es que con base en información estadística y del diseño propio del trayecto, se puede anticipar qué tipo de inconvenientes puede presentar la vía, a la vez que establece mecanismos para solventarlos. El ingeniero Segura muestra algunas gráficas que reposan sobre su escritorio en Bogotá, las cuales detallan algunas simulaciones y proyecciones de accidentes, derrumbes y otro tipo de sucesos. Esa información es analizada por especialistas que determinan un perfil de riesgo. 

A esta auditoría extranjera experta en temas de tecnología y seguridad, se suma otra que trabaja los asuntos de calidad de las obras. No importa que esté presente la firma interventora que rinde cuentas a la Agencia Nacional de Infraestructura, Coviandes contrató esta otra compañía para que le ayude a determinar la calidad de las obras que ejecutan los subcontratistas.

1) El concesionario tiene previsto entregar todas las obras del segundo sector (El Tablón-Chirajara) en diciembre de 2017. Este tramo necesita 18 túneles y 46 puentes.

2) La concesión implementó la tecnología del bypass que permite cambiar el sentido de uno o dos carriles, según el imprevisto presentado. Todo se coordina desde el Centro de Gestión Integral que monitorea los 86 kilómetros de vía (existente y doble calzada)

3) Se han excavado 15,3 kilómetros en túneles, casi del doble del túnel de La Línea.

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Aunque a primera vista pueden parecer gastos adicionales que disminuyen el margen de rentabilidad, se trata de dos acciones que reducen el riesgo y garantizan que las obras se ejecuten bien. Este tipo de contratos y firmas de auditoría terminan por evitar –en el mediano y largo plazo– líos judiciales, sobrecostos por mala calidad de las obras y por consiguiente, mejoran las prestaciones de la vía. Y no estamos hablando de cualquier vía. La cordillera Oriental  –en donde está ubicado este trayecto– está en constante movimiento y reacomodo, es por ello que si usted recorre la carretera se encontrará con algunos tramos adoquinados en la vía, pues no hay ningún asfalto que aguante ese constante movimiento del suelo. De allí la importancia de asesorarse bien. Si las obras quedan mal hechas o hay que hacerlas de nuevo, no será un buen negocio para el operador.

Fuente: www.dinero.com

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Definen plan de acción a favor de las víctimas del conflicto en el Meta

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En un esfuerzo por articular acciones con los integrantes del Sistema de Comunicación para la Paz (SIPAZ) y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), liderada por GIZ Colombia, la secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta acordó un Plan de Acción Territorial, en beneficio de las víctimas del conflicto armado.

En ese contexto, se estableció la realización de dos jornadas móviles de oferta institucional del orden departamental y nacional, esperando atender más de 1.000 personas víctimas del conflicto armado, en los municipios de Uribe y Mapiripán.

Igualmente se acordó el acompañamiento, por parte de la gobernación del Meta, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los planes integrales de reparación colectiva de la población víctima, con el fortalecimiento a proyectos productivos del municipio de Mapiripán, aportando a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización.

Finalmente, se logró realizar un plan de acción con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del cual se pretende contribuir con la verdad, la justicia, la restauración del daño y reparación a la población víctima.

Fuente: Gobernación del Meta

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Capturado en Villavicencio presunto integrante del Clan del Golfo

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Autoridades lograron capturar en Villavicencio al criminal conocido con el alias de ‘Ñato’, presunto integrante del grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’ al servicio de la subestructura Gonzalo Oquendo Orrego.

La detención de esta persona materializó en cumplimiento a una orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo (Vichada), por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión.

Alias ‘Ñato’ de 36 años de edad, es señalado de ser el autor material del homicidio con arma de fuego en la modalidad de sicariato del señor Juan Alfonso Aguilar Rivas; hecho registrado en junio 12 de 2022, en la inspección El Vergel del municipio de San Juan de Arama, Meta.

El capturado junto a las diligencias judiciales adelantadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía No. 187 de la Dirección Especializada Contra el Crimen Organizado de Villavicencio, Meta.

Fuente: Policía Meta

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JEP ordena plan para ubicar y atender a mujeres víctimas de violencia sexual en Puerto Gaitán

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó poner en marcha un plan de acción que permita ubicar, identificar y caracterizar a mujeres víctimas de estigmatización y violencia sexual en Puerto Gaitán, quienes fueron estigmatizadas como ‘Las calvas’ cuando eran niñas o adolescentes, por parte de grupos paramilitares que operaron en la zona, entre 2002 y 2004.

Según expedientes de la justicia ordinaria e informes de organizaciones de víctimas entregados a la JEP, las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en ese departamento implementaron medidas de control social, reclutamiento, abuso sexual y violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. Los relatos allegados a la Jurisdicción indican que las autoridades del municipio tenían conocimiento de estos crímenes y no tomaron medidas para evitarlos ni para perseguir o castigar a los grupos ilegales que ejercían estos delitos.

Estas mujeres víctimas eran señaladas por los grupos de cometer “actos de desobediencia, faltar al colegio, ingresar a bares”, y por ello las sometieron a castigos como apartarlas de su núcleo familiar contra su voluntad para someterlas a trabajos forzados; también eran reclutadas por los grupos ilegales y sometidas a abuso y violencia sexual; otras, fueron expuestas al escarnio público rapándoles la cabeza, de allí el término estigmatizante con el que fueron conocidas por los pobladores de la región en aquella época.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que estos hechos son de interés del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; y del Caso 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.

Bajo ese contexto, la Sala convoca la articulación entre los despachos relatores de estos dos macrocasos con las siguientes dependencias de la JEP: Departamento de Atención a Víctimas (DAV), la Comisión de Género, la Comisión de Participación, la Oficina Asesora en Justicia Restaurativa, el Departamento de Enfoques Diferenciales y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Representación de Víctimas.

A través de esta articulación se busca definir una metodología que facilite la ubicación de las víctimas y, en caso de que así lo deseen, ofrecerles asesoría para participar en los casos 08 y 11, en caso de que estos hechos sean priorizados por la Sala de Reconocimiento para ser investigados. Además, este plan de atención y tratamiento a las víctimas se abordará aplicando los enfoques diferenciales de género, étnico racial, territorial e interseccional; incluyendo, además, espacios de pedagogía.

La decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se toma en el marco del estudio de solicitud de sometimiento a la JEP de Édgar Humberto Silva González, quien se desempeñó como personero municipal de Puerto Gaitán durante la época de los hechos. Silva aún no ha sido aceptado en la Jurisdicción en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La aceptación de su sometimiento queda condicionada a los ajustes al régimen de condicionalidad, en materia de aportes efectivos de verdad y propuestas de reparación, que presente ante la sala.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

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